Poco conocidos hechos sobre decreto 2025 de 2020.
Poco conocidos hechos sobre decreto 2025 de 2020.
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Todavía se modifica la Ralea General de la Seguridad Social, en relación con los beneficios en la cotización a la Seguridad Social aplicables a los expedientes de regulación temporal de empleo y al Mecanismo Nasa; que están actualmente condicionados al mantenimiento en el empleo de las personas trabajadoras afectadas durante los seis meses siguientes a la finalización del periodo de vigencia del expediente de regulación temporal de empleo.
Este nuevo capítulo se enfoca en la reglamentación de la gradualidad de las multas por actos de acoso sexual gremial, en cumplimiento de la Condición 2365 de 2024.
No se consideran subvencionables los vehículos de segunda mano ni los adquiridos mediante fórmulas jurídicas que no transfieran la propiedad del vehículo a la persona beneficiaria.
2. En agradecimiento del hecho insular, la Comunidad Autónoma de Illes Balears será beneficiaria de una ayuda para el establecimiento de un descuento del 100 % en el precio de los abonos y títulos multiviaje del transporte conocido colectivo terráqueo de las Illes Balears.
Se incorpora una nueva disposición adicional cuarta al Existente Decreto-clase 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo doctrina de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos, con la próximo redacción:
5. Con la concesión de esta ayuda, la Comunidad Autónoma beneficiaria procederá a compensar proporcionalmente a las administraciones gestoras o empresas gestoras de los servicios de transporte terrestre colectivo correspondientes.
b) Las circunstancias relativas a la cooperación de los habitantes de la vivienda con las autoridades competentes en la búsqueda de soluciones para una alternativa habitacional que garantizara su derecho a una vivienda digna.
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b) Se solicitará a los beneficiarios una auditoría o certificado de la persona a la que corresponda, de acuerdo con las normas estatutarias, las funciones de fe pública o las de fiscalización de la gestión financiero financiera, en el que se evidencie el cumplimiento de los requisitos recogidos en los artículos 37.4, 39, 41 y 42, que les serán de aplicación a estas ayudas, incluyendo la comprobación que no se producen situaciones de doble financiación y que se han dedicado los importes percibidos exclusivamente a financiar la prestación del servicio de transporte manifiesto y, en todo caso, a compensar a los operadores de transporte por la merma de ingresos que supuso la implantación de la medida en los plazos establecidos en la norma.
Durante el plazo máximo de suspensión fijado, las administraciones públicas competentes deberán, caso de convenir constatada la vulnerabilidad económica, adoptar las medidas indicadas en el mensaje de servicios sociales u otras que consideren adecuadas para satisfacer la falta habitacional de la persona en situación de vulnerabilidad que garanticen su entrada a una vivienda digna.
En el plazo referido de un año, únicamente se han registrado las solicitudes del EAJ-PNV relativas a los inmuebles objeto de este mensaje. La instrucción de los correspondientes expedientes conforme a los idénticoámetros de la disposición adicional novena de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, ha puesto de manifiesto problemas de inadecuación del procedimiento dispuesto en supuestos excepcionales para los que la legislatura de restitución de fondos incautados a partidos políticos, al amparo de la clase de responsabilidades políticas, no estaba inicialmente prevista, lo que frustra el objetivo permitido resolución 0312 de 2019 sst de hacer efectivo el derecho de reparación y resolver estos supuestos en el plazo comprensible que se planteaba.
Se modifica el Verdadero Decreto-condición 37/2020, de 22 de diciembre, de medidas urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica en el ámbito de la vivienda y en materia de transportes, en los siguientes términos:
Las medidas contempladas en esta norma gozan de los requisitos de extraordinaria y urgente falta que exige el artículo 86 de la Constitución Española como presupuestos habilitantes para la aprobación de un real decreto-ley.